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DANIELA ACOSTA

Chile quiere más cultura

La cultura de los otros

Resumen: La cultura es un campo en disputa y, en tal sentido, la entendemos como un proceso en el que se despliegan relaciones de poder. La intención de esta ponencia es acercarse al concepto de cultura que construye el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de Chile en el documento Chile quiere más cultura. Definiciones de Política Cultural 2005-2010, para, a partir de este acercamiento, reconstruir la modelación de la ciudadanía en relación a las figuras del receptor y productor de objetos culturales, en el marco de la post-dictadura y consolidación del modelo neo-liberal de mercado.

Abstract: Culture is a contested field, and in that sense we understand it as a process in which power relations are deployed. The intention of this paper is to approach the concept of culture built by the National Council for Culture and the Arts (CNCA) in Chile through the document Chile wants more culture. Definitions of Cultural Policy 2005-2010, in order to reconstruct from this approach the modeling of citizenship in relation to the figures of the receiver and producer of cultural objects, in the context of post-dictatorship and the consolidation of the neo- liberal economic model.

Palabras clave: cultura – políticas culturales – recepción – post-dictadura

Keywords: culture – cultural policy – reception – post-dictatorship

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contacto: acosta.dani@gmail.com
Chile quiere más cultura
La cultura de los otros
DANIELA ACOSTA
acosta.dani@gmail.com

Las aparentes aperturas institucionales avaladas por una combinación conveniente de democracia y mercado, instauraron un discurso que parecía urgente, y que nos invitaba a socializar las distintas plataformas culturales; al fin, a generar “cultura para todos”.

En el año 2005, el recientemente creado Consejo Nacional de la Cultura y las Artespublicó las políticas culturales que regirían al país durante el período 2005-2010. La intención del presente artículo es acercarse al concepto de cultura que se construye en el documento Chile quiere más cultura. Definiciones de política culturales 2005-2010para, a partir de este acercamiento, reconstruir la modelación de ciudadanía en relación a las figuras del receptor y constructor de bienes culturales, en el marco de la post-dictadura y consolidación del modelo neo-liberal de mercado.

Para ello, comenzaremos con una pequeña revisión de los antecedentes que permitieron el nacimiento de la institucionalidad en Chile, para luego acercarnos al documento Chile quiere más cultura. Definiciones de política culturales 2005-2010y la construcción de ciudadanía que se da en él y, finalmente, plantear algunas posibles consecuencias.



Antecedentes de una institucionalidad cultural

Los intentos en la historia de Chile de establecer una institucionalidad cultural se remontan quizás al año 1966, en que Chile adopta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesde la ONU, pacto que se ratificaría en 1972 y se promulgaría en 1989, haciéndose efectiva su entrada en vigencia como Ley de la República. De este modo, el Estado de Chile se comprometió a respetar el “Derecho a la cultura y a gozar de los beneficios del progreso científico”, además de reconocer el “Derecho de todos a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y a beneficiarse de la protección de los derechos de autor” y asume “la obligación de adoptar medidas orientadas a la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura, así como a respetar la libertad en la investigación científica y en la actividad creadora” (MERCOSUR).

Como vemos, el final de la dictadura militar en Chile trajo consigo, además de la apertura del horizonte de expectativas democráticas, la renovación de ese proyecto de institucionalidad cultural olvidado en el espacio que se abre entre los años 1972 y 1989.

En este sentido, el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), por intermedio del entonces Ministro de Educación, Ricardo Lagos, convocó a la constitución de una comisión con el objetivo de elaborar una propuesta para la institucionalidad cultural chilena, la que culminó su labor en agosto de 1991. Dicha comisión fue presidida por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, y convocó a diferentes actores, entre los que se cuentan el Sindicato de Actores de Chile, Plataforma Audiovisual, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural, Cámara del Libro, Editores de Chile, la Sociedad de Escritores de Chile, el Sindicato de Técnicos Cinematográficos de Chile y Pro Danza.

Dicha comisión propuso por primera vez la creación de un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, concebido como un servicio público autónomo, dependiente directamente del Presidente de la República y cuya autoridad máxima tuviera rango de Ministro.

Durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), específicamente en el año 1996, gestores culturales y un grupo de diputados representativo de todas las corrientes con expresión parlamentaria, convocaron al Encuentro de Políticas Públicas, Legislación y Propuestas Culturalesen la ciudad de Valparaíso. En el documento resultante surgieron 120 propuestas para la cultura y se reiteró la necesidad de avanzar hacia la creación de una institucionalidad cultural.

Pero no es sino hasta el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) cuando estas intensiones se verían cristalizadas. En julio de 2003 se promulga la ley de Institucionalidad Cultural, que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ley que reitera un cierto encadenamiento con los antecedentes citados y la promulgación, en 2002, de la  Ley de Calificación Cinematográfica, además de la de regulación del sistema de contratos y previsión de los artistas.



Crecer con igualdad

En el documento Para crecer con igualdad, programa de gobierno de Ricardo Lagos, leemos: “Si bien el Estado en un plano, y el mercado en el suyo, tienen importantes funciones que cumplir en la promoción, difusión y aseguramiento de los derechos culturales, la principal función le cabe a la iniciativa de las personas, sus organizaciones y asociaciones” (Lagos 18). Este punto del inciso 7 (“Una cultura libre y al alcance de todos”) del programa, marca –junto con la voluntad de distanciamiento de los “tiempos oscuros” de la historia de Chile, donde la censura configuraba parte de los espacios culturales– una tensión ineludible en el pensamiento moderno del campo cultural: entre una cultura como proceso interno, de dominio individual, y una cultura entendida como el desarrollo de un proceso social fundamental que configure modos de vida específicos.

La referencia al mercado como promotor, difusor y garante de los “derechos culturales”, es decir, como ente regularizador (formador de discursividades y subjetividades), viene, además, a demarcar –por decirlo de alguna manera– las “condiciones de posibilidad” de los productos culturales (los resultados materiales de la producción: libros, eventos musicales, teatrales, etc.): el producto cultural implica –como es obvio– dinero, lo problemático es cuando esto se confunde con que solo sea posible en la medida en que es comercializable. Como escribiera José Joaquín Brunner dos años después: “en torno a los efectos del mercado en la cultura y la conducción estratégica del mercado por la política se desarrollarán en el futuro los debates de la sociedad chilena. Estas serán las discusiones del Bicentenario” (“Con ojos desapasionados” 27) .

Entendemos la apertura a una institucionalidad cultural en Chile desde una perspectiva particular, pues el proceso de redemocratización de la vida social en el que se enmarcan los proyectos de ley arriba citados que redundan en la posterior cristalización del CNCA, deben su coherencia –a pesar de las referencias a la superación del pasado dictatorial– a la instauración del modelo económico del neo-liberalismo. Así, junto a Willy Thayer podemos decir que la transición es primordialmente la dictadura: “El proceso de ’modernización’ y tránsito del Estado nacional moderno al mercado transnacional post estatal” (189).

La cultura es un campo en disputa: “(Existe) un capital común y la lucha por su apropiación […] A lo largo de la historia (se) ha acumulado un capital (de conocimiento, habilidades, creencias, etcétera) respecto del cual actúan dos posiciones: la de quienes detenta el capital y la de quienes aspiran a poseerlo” (García Canclini, “Introducción a la Sociología de la Cultura de Pierre Bordieu” 14). En este sentido abordamos todo intento por definir el espacio cultural, pues esta caracterización es productiva en la medida en que sugiere la idea de un proceso, y se aleja de la noción de producción unilateral de una clase política, ya que sitúa su atención sobre el carácter conflictivo de las relaciones entre los participantes políticos y sociales de la “comunicación estética”1. Una cultura no es el producto de una clase social, sino el conjunto de procesos donde se elabora “la significación de las estructuras sociales, (y) se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas” (García Canclini, “Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano” 25)

De este modo, el hecho de que la cultura pase a ser vista y reafirmada legalmente como un derecho internacionalmente reconocido, dista de la visión neoliberal preponderante –y de particular vigencia en el Chile actual– que entiende la educación y la cultura como bienes de consumo y no derechos inalienables del hombre. En este espacio de tensión se inscribe el documento Chile quiere más cultura: Definiciones de política cultural 2005-2010.



Hacia la construcción de una ciudadanía

Frente a la conocida metáfora del “apagón cultural” –que era motivo principal en tiempos de la dictadura–, José Weinstein (entonces Ministro presidente del CNCA) opone la de una “primavera cultural” a principios de siglo XXI, pues, según su apreciación, en todas las disciplinas artísticas en Chile: “Se detecta un aumento en la cantidad y calidad de creaciones y obras […] hay también más público para las distintas manifestaciones artísticas, y se experimenta una demanda creciente de arte y de cultura” (CNCA 3). Cuestión que de alguna manera contrasta con el diagnóstico del consumo cultural en el resto del documento, exponiendo, así, su carácter retórico.

En cuanto a las cifras sobre consumo cultural, resulta desolador leer que “se revela una fuerte tendencia a la atomización del consumo cultural, el que se realiza principalmente en la intimidad del hogar y a través de los medios de comunicación” (CNCA 10). Y como si esto fuera poco, la inequidad en el acceso a la cultura es enorme, sobre todo “si se excluye la televisión y la radio. En efecto, más del 93% de la población del sector socioeconómico bajo tiene un consumo cultural mínimo o bajo, es decir, se limita a escuchar radio, ver televisión y eventualmente leer periódicos o escuchar música” (CNCA 11). Pero lo que es más problemático aún, aunque se afirme que la cultura será puesta en el centro del desarrollo de Chile, es que ese desarrollo corresponda más al desarrollo económico que a la constitución o reafirmación de una identidad nacional.

Se puede constatar, a lo largo del documento, el énfasis especial sobre el ciudadano como consumidor de cultura, y particularmente en los apartados correspondientes a Chile hoy, Desarrollo e Industrias Culturales, Inequidad en el accesoy Expansión del mercado y desafío político, donde se recogen declaraciones como esta: “el mercado tiende a convertirse en uno de los principios organizativos de la vida social” (CNCA 11), donde debido a los cambios en la sociedad chilena se da “la emergencia del mercado y el consumo como fuentes de reconocimiento e identidad para las personas” (CNCA 11).

Si bien se dice y remarca que “la demanda por igualdad en el acceso a la cultura estará en el centro de las aspiraciones colectivas” (CNCA 11), se deja en claro que la ampliación del consumo y el crecimiento económico “han tenido efectos paradójicos ya que muchos chilenos viven agobiados e inseguros debido al endeudamiento, la carga laboral, la congestión de las ciudades y la delincuencia creciente” (CNCA 11).

Llama la atención que dentro del principio de Participación democrática y autónoma de la ciudadanía en el desarrollo culturalse exprese que el Estado tiene un papel preferente en la creación y promoción de las mejores condiciones posibles para que “las expresiones artísticas y las manifestaciones culturales puedan surgir, difundirse y ser apreciadas por el público libre y espontáneamente”. Esta espontaneidad en la difusión y apreciación resulta –por decir lo menos– conflictiva. Si bien puede leerse como que la ciudadanía será libre de apreciar expresiones artísticas y manifestaciones culturales, también podría leerse como que la espontaneidad aludida se relaciona con las condiciones de acceso del libre mercado, que también son libresy espontáneas.

Del mismo modo sucede con el principio de Educar para la apreciación de la cultura y la formación del espíritu reflexivo y crítico, donde se expresa que “la finalidad última de la educación es la cultura; de lo contrario, esta se convierte en un mero adiestramiento” (CNCA 13), pero luego, frente a esta tarea conjunta de educación y cultura, se concluye que “en esta tarea, los profesores tienen un rol protagónico ineludible” (CNCA 14), sin ahondar en los cimientos (tanto ideológicos como de necesidades de infraestructura) de una educación lo suficientemente flexible como para asumir un objetivo último en la educación para la cultura, que según nuestra apreciación, es una educación que sienta sus bases en la historia y construye su presente en relación a ella.

Resulta de suma importancia este último gesto rescatado del documento Chile quiere más cultura, pues he ahí la visión de la cultura que se nos quiere presentar: es valiosa, es fuente de identidad, pero más allá de todas esas consignas, la actitud que sustenta tales declaraciones es que alguien, un tercero, se haga cargo de dichas empresas identitarias.

La tensión entre una cultura como actividad interna e individual y la cultura entendida como el desarrollo de un proceso que configura modos de vida específicos, de compenetración y mutua necesidad de receptores, intermediarios y productores en el proceso vivo de los intercambios culturales, se resuelve mediante el mercado como modo fundamental de ejemplaridad.

Dado el énfasis que se da al desarrollo económico, por sobre la educación o la capacitación, por ejemplo, pareciera, además, que el documento está hecho para que empresarios o instituciones privadas se interesen en la cultura e inviertan ahí. Se citan ejemplos de otros países desarrollados donde la cultura ha pasado a ser una parte importante del ingreso bruto nacional, o se dice que “en la Europa de los Quince, alrededor de cinco millones de personas están ocupadas en trabajos culturales y su labor justifica un 2% del PIB” (CNCA 10).

Dejemos en claro que eso no está mal, es parte de lo que la cultura en su sentido material puede generar, pero no parece razonable que ese sea solo el énfasis que se dé desde el Estado y que en un documento tan importante como el de las políticas culturales del país –el primer documento con las políticas culturales del país– el acento esté centrado en el desarrollo económico de empresas o industrias culturales, se le dé apenas tres párrafos a la educación y se señale al mercado como entidad reguladora de las relaciones sociales, entronizándolo como la principal matriz identitaria.



La cultura de los otros

Entre las posibles consecuencias que hemos podido constatar a más de un lustro de la publicación del documento Chile quiere más cultura, está la sensación –desde nuestra experiencia como ciudadanos chilenos– de que la cultura es un bien de consumo, al que podemos tener acceso siempre y cuando tengamos cómo pagarlo.

Así, la cultura es un derecho en la medida en que consumir en una sociedad de libre mercado lo es. La cultura es caracterizada, además, como un bien simbólico que no está al alcance del bolsillo del que está en los bordes, ni tampoco del que está en el centro si es que no cuenta con el dinero necesario. La cultura es algo de otros, que otros hacen y que a nosotros se nos aparece en las formas del entretenimiento y lo que pudiéramos caracterizar como el “perder el tiempo” de algunos pocos privilegiados.

La cultura, como elemento necesario en la conformación de la identidad de los pueblos, dadas las definiciones del documento Chile quiere más culturaresulta ser un factor más de segregaciones y al definir espacios sociales particulares, se confunde –muy a contrapelo de la idealidad de las consignas– con los demás mecanismos de exclusión que operan en la jerarquía social.

Si la cultura es indispensable en la formación de una identidad social, y lo que es más, de una identidad en la diversidad del mundo actual, la única identificación posible para el ciudadano es la del excluido, la del que recibe pasivamente lo que otro hace por él y le entrega ya definitivamente terminado, primordialmente alejado de su experiencia y, por tanto, imposible de modificar.

Esta visión instaurada del ciudadano chileno frente a la cultura, refleja no solo el rol pasivo de un sujeto receptor, sino que también el del Estado, que prefiere dejar en manos de otros la regularización y realización del “hacer”, funcionando, desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como un ente administrador de fondos.

Estas malas prácticas, sumadas a la deficiente socialización de los procesos de concurso de los fondos, vienen a formar –con las características de la educación pública chilena– lejos de la primavera cultural prometida, una figura oscurecida a la percepción de los ciudadanos que no participan de los círculos del arte y la cultura. En consecuencia, vemos que los núcleos identitarios básicos no se encuentran en la cultura, sino en la televisión, el fútbol y el trabajo remunerado.

Fuera de los fondos que año a año nos dan la posibilidad de realizar proyectos –buenos o malos– el Estado termina tercerizando las labores que le corresponderían; no hay una política de gestión de los espacios estatales ni de las artes estatales: en el Teatro Municipal, por ejemplo, se ha decidido traer compañías extranjeras porque es menos costoso que mantener un staffpermanente de trabajadores; y el Festival Santiago a Mil, –el gran festival de teatro chileno– es una iniciativa privada que genera millones en ganancias y aun así sigue recibiendo aportes estatales.

Finalmente, podríamos decir que sucede lo que Brunner señala respecto a las políticas culturales democráticas: “para producir soluciones, estas políticas descansan en la información y las preferencias obtenidas mediante procesos interactivos, aunque dicha forma de resolución produzca soluciones epifenomenales, efectos perversos y, necesariamente, desequilibrios continuos” (“Políticas culturales y democracia” 199). Y, además, podríamos situar esta política cultural dentro de lo que García Canclini denominó –para el paradigma político de la acción cultural del Estado– como la Privatización Neoconservadora, cuyo principal objetivo es “fundar nuevas relaciones ideológicas entre las clases y un nuevo consenso que ocupe el espacio semivacío que ha provocado la crisis de los proyectos oligárquicos, (…) de los proyectos populistas, (…) y de los proyectos socialistas de los años sesenta y setenta” (“Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano”: 40). Lo que resulta abrumante es que para lograr dicho objetivo, “los principales recursos son transferir a las empresas privadas la iniciativa cultural, disminuir la del Estado y controlar la de los sectores populares” (“Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano”: 40), cuestión que reafirma, para el campo de la cultura, lo que Willy Thayer ya había adelantado en la década de los noventa al entender la dictadura militar de Pinochet como la transición, no de la dictadura a la democracia, sino del Estado al mercado.

1Tomamos prestado este concepto de Sigfried Schimdt, solo en la medida en que suscita una escenografía en la que participan diferentes actores: productores, receptores y los diferentes intermediarios o agentes de transformación.(Ver Schmidt).

Bibliografía

Brunner, José Joaquín. “Con ojos desapasionados. Ensayo sobre la cultura en el mercado.” El foro de la eduacación chilena12 Nov. 2005. Web. 1 Nov. 2011. <http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/>

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García Canclini, Nestor. “Introducción a la Sociología de la Cultura de Pierre Bordieu.” Sociología y cultura. México, D.F.: Grijalbo, 1990a. 9–51. Print.

CNCA, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. “Chile quiere más cultura: Definiciones de política cultural 2005-2010.” 2005. Web. 1 Nov. 2011. <http://www.consejodelacultura.cl/portal/galeria/text/text105.pdf>

“Declaración de México sobra las políticas culturales.” Conferencia mundial sobre las políticas culturales. México, D.F. 1982.

---. “Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano.” Políticas culturales en América Latina. México, D.F.: Grijalbo, 1990b. Print.

Lagos, Ricardo. “Programa de Gobierno: Para crecer con igualdad.” 1999. Web. 1 Nov. 2011.

MERCOSUR. Derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Web.1 Nov. 2011.1.

Schmidt, Siegfried. “La comunicación literaria.” Pragmática de la comunicación literaria. Ed. José António Mayoral. Madrid: Arco/Libros, 1987. 195–212. Print.

Thayer, Willy. La crisis no moderna de la universidad moderna: (epílogo del Conflicto de las facultades). Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 1996. Print.

Williams, Raymond. Marxismo y literatura. Buenos Aires: Los Cuarenta. Print.

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